La inmensa mayoría de los españoles en el exterior no “rogó” el voto para las próximas elecciones

CEEM. 2-12-2015        Antonio Álamo Lima
A menos de un mes de las Elecciones a Cortes Generales que se llevarán cabo en España el 20 de diciembre de 2015 y cerrado el plazo para la solicitud del voto desde el exterior, la participación de los españoles es mínima, según datos publicados por la Oficina del Censo Electoral. De 1.880.026 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) apenas 142.619 ciudadanos residentes en el extranjero habían “rogado” el voto. Esto supone un 7,5 %, cifra cercana a la registrada en las elecciones de 2011. De Venezuela, país en el que residimos, las peticiones del voto alcanzaron la cifra de 3.559, un escaso 2,24% de los 158.261 registrados. Esta importante ausencia de participación se debe fundamentalmente a la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General, del año 2011, de la que destacamos dos artículos y fragmentos de cada uno de ellos. Artículo 2 “En el caso de elecciones municipales, incluidas las elecciones a Cabildos, a Consejos Insulares,… es indispensable para su ejercicio figurar inscrito en el censo de españoles residentes en España”. (Por lo tanto eliminaron la posibilidad de votar a los residentes en el exterior). Del Artículo 75, ampliamente modificado, un extracto indica que “los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral” o lo que es lo mismo: la obligatoriedad de los españoles residentes en el Exterior de expresar previamente la intención de votar, de manera que, entonces y solo entonces, desde la correspondiente Delegación, es cuando enviarían las papeletas para que el solicitante pueda votar. Por tanto, esta modificación a la Ley Electoral trajo como consecuencia que para numerosos españoles resulte muy ofensivo verse en la obligación de solicitar el voto. Se preguntan ¿por qué tengo que rogar para poder ejercer un derecho que me corresponde? Además, manifiestan su disconformidad ante la pérdida de lo que consideran su derecho a escoger sus representantes en Cabildos, en el caso de Canarias, y Diputaciones Provinciales en otras regiones de España, también en Ayuntamientos. No aceptan el argumento de que se les privó del voto porque al vivir lejos desconocen a los candidatos a puestos municipales, cabildos y diputaciones, mientras que les “permiten” votar por senadores y diputados que son ajenos a ellos. Otra de las causas de la escasa participación en las elecciones tiene que ver con lo dificultoso y complicado de los trámites de la petición. Entre las varias opciones no sabemos cuál será más “amigable”. La posibilidad más viable es “descargar” la planilla de solicitud y enviarla, previo pago, vía fax o correo regular con un documento acreditativo, pero ¿se habrán preguntado nuestros políticos qué porcentaje de hogares cuenta en este momento con el fax? La opción de enviarla vía internet, solo después de haberla recibido por correo, podría resultar sencilla pero, si se toma en cuenta cuántos españoles tienen acceso a este sistema y la edad avanzada de la mayoría de los emigrantes, en América especialmente, hoy por hoy no resulta efectivo. Por otro lado, el interés de los jóvenes por la política de la tierra de sus abuelos y de sus padres, salvo contadas excepciones, es mínimo. No les llama participar en unas elecciones de la que tan poco conocimientos tienen. Muchos ignoran inclusive en qué municipio están censados. Recordamos que la obligación de rogar el voto que incluye en la última reforma de La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fue previamente presentada en el Congreso de los Diputados con fecha 16 de octubre de 2010. Los autores de la modificación legislativa fueron: PSOE; PP; CiU y PNV, o lo que es lo mismo, los grandes partidos representados para la fecha. Alfonso Guerra presidía la Comisión Parlamentaria, José Bono ostentaba la presidencia del Parlamento y José Luis Rodríguez Zapatero la del Gobierno. El 21 de diciembre se había aprobado en el Pleno del Congreso, el 24 de enero de 2011 en el Senado y cuatro días después estaba en el BOE nº 25 del sábado 29 de enero de 1911. Ahora todos los actores involucrados, viendo el resultado obtenido y el rechazo casi total de la población española residente en el exterior, insisten en la urgencia de modificar de nuevo la Ley Orgánica pero no se aprecian avances significativos al respecto pues lo que unos proponen estando en el Gobierno lo cambian al ser oposición y viceversa, por lo que la participación de los españoles en el exterior, si alguien no lo remedia, terminará, siendo prácticamente nula.